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La participación ciudadana es una herramienta de gran utilidad para mejorar la gestión pública de las instituciones. La normativa vigente obliga a los Ayuntamientos a contar con la opinión de sus ciudadanos y ciudadanas en la redacción de las ordenanzas municipales y recomienda esta escucha en otros ámbitos como la planificación municipal, permitiendo el contraste de opiniones con personas o colectivos que suelen estar al margen de estos procesos. Los mecanismos de participación hacen que se pueda escuchar a la ciudadanía de forma organizada y con una garantía de respuesta.
Hay que tener en cuenta que la gestión institucional es cada vez más compleja. La cantidad de información disponible, la interrelación de todas las actividades dentro y fuera de la propia institución, la incorporación de nuevos agentes ajenos a la política con intención de colaborar, etc., hace que ya no sea posible encontrar una única solución perfecta a los retos que se deben afrontar.
En este nuevo escenario es preciso un nuevo enfoque, en el que es necesario valorar los problemas desde diferentes puntos de vista, poner encima de la mesa todos los enfoques y buscar alianzas. Y ahí es donde la participación ciudadana tiene un protagonismo especial: mejorar la toma de decisiones incorporando a la ciudadanía (organizada o a título individual) como un nuevo agente.
En los últimos años se ha vivido un auge de la participación ciudadana en las instituciones públicas, facilitando el impulso de la llamada democracia deliberativa. No obstante, este crecimiento exponencial se ha traducido también en procesos de calidad mejorable, o no han generado satisfacción entre los asistentes y/o convocantes.
Por ello, con este manifiesto se pretende aportar los objetivos y las claves prácticas para el diseño y desarrollo de nuevos procesos participativos locales como los presupuestos participativos, pero también se considera imprescindible sentar unas bases adecuadamente fuertes que permitan alcanzar la mayor calidad posible en los procesos.
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